El eco de las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) que han exonerado del todo o en parte a los ex altos cargos de la Junta condenados en la pieza política del caso de los ERE sigue resonando en el Parlamento de Andalucía, donde este jueves se han enfrentado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas. Este último ha anunciado la interposición de varias demandas contra cargos del PP y de Vox por "injurias y calumnias", mientras que el líder del Ejecutivo andaluz se ha mostrado convencido de que los socialistas utilizan este tema para "tapar" otros casos del partido a nivel nacional.
El asunto ha salido a colación de la pregunta relativa a "pronunciamientos judiciales" formulada por el propio Espadas, que ha pedido a Moreno que aclare si "acata" las sentencias del TC, al tiempo que le ha afeado la "deslegitimación" que, a su juicio, hacen miembros del Gobierno con sus declaraciones sobre los fallos. El socialista ha insistido en que es "falso", y el TC "lo ha dejado claro", que hubiera una "trama corrupta" y que dirigentes del partido "defraudaron 680 millones de euros a los parados andaluces".
Por todo ello, ha anunciado que el PSOE-A y él mismo a título personal, han interpuesto las primeras demandas por presuntas injurias y calumnias contra varios miembros del PP y de Vox. En concreto, las querellas, sujetas a un acto de conciliación previo, se dirigen contra el portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado; el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo; los consejeros andaluces de Presidencia y de Justicia, Antonio Sanz y José Antonio Nieto, respectivamente; el secretario general del PP-A, Antonio Repullo; la portavoz de Vox en la Cámara baja, Pepa Rodríguez Millán; el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira; los parlamentarios autonómicos Javier Cortés y Ana María Ruiz; y los portavoces adjuntos de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja y Fernando Rodríguez Galisteo.
En respuesta, varios diputados del PP-A han mostrado sus carnés en el Parlamento, entre ellos, el portavoz del grupo, Toni Martín. "Aquí está mi DNI, me presentan la primera demanda a mí, porque lo voy a seguir diciendo, un fraude de 680 millones de euros". El popular ha insistido en que "centenares de millones de euros de dinero público se repartieron sin publicidad, sin controles, sin ley, por interés político del partido que gobernaba, entre quienes por único mérito mostraban su cercanía o directamente su carné del PSOE".
Por su parte, el presidente Moreno ha manifestado su "respeto" al "conjunto de instituciones" del Estado español, así como a "todos los magistrados del TC, la Audiencia de Sevilla, el Tribunal supremo y el TSJA", igual que a los jueces de instrucción Mercedes Alaya (que instruyó el caso de los ERE) y Juan Carlos Peinado (juez del caso Begoña Gómez), a quienes los socialistas "no respetan en absoluto".
Asimismo, el líder del Ejecutivo andaluz se ha mostrado "sorprendido" de que la última pregunta del periodo de sesiones del principal grupo de la oposición se centre en "remover el pasado más oscuro del PSOE andaluz", en alusión a los ERE, al tiempo que se ha mostrado convencido de que esa estrategia "viene de arriba, de Moncloa y Ferraz", para "tapar el caso Koldo, el de la directora del Instituto de las Mujeres y el de que el presidente del Gobierno haya sido citado a declarar".
Moreno ha querido dejar claro que el TC "no ha absuelto" a nadie con sus resoluciones; que "no ha puesto fin al caso de los ERE", en el que, ha recordado, quedan 134 causas abiertas; "no dice que no hubo fraude"; y "no dice no hubo trama". Y ha cuestionado a Espadas qué van a hacer si la Audiencia de Sevilla los vuelve a condenar en los nuevos fallos que tiene que dictar sobre la mayoría de ex altos cargos. "¿Van a volver a echar a [Manuel] Chaves y [José Antonio] Griñán"?, se ha preguntado.
El presidente andaluz ha reiterado que el de los ERE "fue un enorme fraude" y que "no solo ha sido un caso gravísimo, con decenas de dirigentes socialistas condenados", sino el caso de "mayor vergüenza para Andalucía en la historia reciente".
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